Ante el anuncio realizado por el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, recogido por diversos medios de comunicación, sobre un posible acuerdo con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para fijar un techo al gasto farmacéutico para que no crezca más que el Producto Interior Bruto (PIB) de España, la  Organización Médica Colegial, institución representativa de la profesión médica en España, quiere expresar lo siguiente:

“Entendemos que garantizar al sector farmacéutico un techo de gasto en el Sistema Nacional de Salud, vinculando el mismo al crecimiento del PIB de España, más allá de su legitimidad política y social, es difícilmente compatible con los objetivos de Estabilidad Presupuestaria y con las medidas de reducción de los gastos farmacéuticos  que se contemplan en los Presupuestos Generales del Estado-2015.

Hay que recordar que el propio Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en el Plan de Medidas 2015-2016 se pronuncia en los siguientes términos: “Tienen especial relevancia las medidas en materia de gasto farmacéutico donde todavía el potencial de ahorro es elevado, así como el ahorro relacionado con la prestación de servicios y suministros en materia de conciertos, subvenciones y transferencias.”

Consideramos que transitar desde un gasto sanitario público consolidado del 6,74% PIB en 2009, a una previsión para el 2017 del 5,3% del PIB de acuerdo con el Programa de Estabilidad 2014-2017 y con el escenario macroeconómico  establecido por el Gobierno de España, no es razonablemente explicable desde la lógica económica y presupuestaria, si se pretende a su vez garantizar el nivel de gasto farmacéutico anteriormente señalado, salvo que se continúe con una política de devaluación interna salarial y una pérdida estructural de puestos de trabajo sanitarios.

Por tanto, desde la ética pública y social, consideramos que estas iniciativas gubernamentales son inaceptables y, por consiguiente, la Organización Médica Colegial asumirá las responsabilidades institucionales y profesionales que le correspondan para seguir con el compromiso incondicional de defensa del Sistema Nacional de Salud y de su sostenibilidad para las próximas generaciones, todo ello desde la legitimidad de nuestro Contrato Social de ciudadanía sanitaria.